El pasado día 15 de octubre de 2.014, una representación oficial de la Junta de Gobierno del COITT y de la Asociación Española de Ingenieros en Geomática y Topografía compuesta por el Decano D. Andrés Diez Galilea, el Secretario General D. Ricardo Rodríguez Cielos, el Vocal D. Jesús García Benito y el Delegado Territorial del País Vasco D. Luis García de Garayo, hizo entrega de una serie de enmiendas al proyecto de Ley de reforma de las Leyes Hipotecaria y del Catastro al Senador del Grupo Parlamentario Popular D. Jorge Ibarrondo en la Cámara Alta.
En palabras del Decano, las enmiendas que pretendemos sean tenidas en consideración para poder subsanar las deficiencias del texto original, se amparan en la utilidad social de los servicios que proveen ambas instituciones, Catastro y Registro, en la necesidad de un mayor rigor geométrico de una base cartográfica numérica (BCN) común, mantenida por técnicos competentes, y basada en fundamentos científico-técnicos de probada eficacia, constatada en los países más desarrollados de nuestro entorno.
Como continuación de esta primera reunión, el día 29 de octubre de 2014 tuvo lugar un segundo encuentro con una delegación del COITT encabezada por el Decano y a la vez Vicepresidente del Instituto de Graduados en Ingeniería e Ingenieros Técnicos de España (INGITE), el Secretario General y el Delegado Territorial del País Vasco acompañados por una representación de la Junta de Gobierno del INGITE con su Presidente, D. Emilio Viejo Fraile a la cabeza y dos de sus vocales D. José Luis Leandro Rodríguez y D. José Javier Medina Muñoz. Todos ellos mantuvieron una comida de trabajo con el citado Senador en la que se debatió sobre diversos temas relacionados con el Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales y con la Certificación Profesional.
El INGITE es una entidad de carácter científico en la que están integradas asociaciones que representan a las distintas ramas de la Ingeniería Técnica y Arquitectura Técnica, constituida al amparo del artículo 22 de la Constitución española y de acuerdo con la legislación vigente. En la actualidad, representa a más de 300.000 profesionales y estudiantes.
Durante la reunión Ibarrondo manifestó el convencimiento de que los colegios profesionales son la máxima garantía para el ciudadano, de cara a evitar el intrusismo y garantizar la formación más adecuada para la prestación de unos servicios de calidad a la sociedad. “Está más que probado que estas instituciones lo hacen bien”, afirmó el Senador. También explicó que ha promovido diferentes comparecencias relacionadas con el Anteproyecto de Ley y continuará recibiendo a los implicados de los diferentes sectores, tanto de las diferentes profesiones implicadas como de las autoridades ministeriales relacionadas.
El Vicepresidente del INGITE destacó que algunos de los aspectos que contempla la nueva ley son positivos, como la regulación de la autoridad competente, la unificación de un código deontológico, la incompatibilidad de cargos directivos o la necesidad de realizar auditoría de cuentas en los Colegios Profesionales para mejorar la transparencia.
El Vicepresidente del INGITE destacó que algunos de los aspectos que contempla la nueva ley son positivos, como la regulación de la autoridad competente, la unificación de un código deontológico, la incompatibilidad de cargos directivos o la necesidad de realizar auditoría de cuentas en los Colegios Profesionales para mejorar la transparencia.
Desde el INGITE se puso de manifiesto la preocupación del colectivo sobre los aspectos del Anteproyecto de Ley relativos a la colegiación obligatoria. Según indicó el propio Medina, la colegiación obligatoria debería ser extendida a todos los profesionales que participan en la elaboración de un proyecto y no sólo al que lo firma, que es lo que únicamente recoge el citado Anteproyecto de Ley. Si se llega a excluir a quienes no firman proyectos pero participan en ellos, es difícil que cada Colegio Profesional pueda ejercer plenamente su función de control deontológico.
En otro orden de cosas, se le transmite a Ibarrondo la necesidad de poner en práctica los aspectos relativos a la certificación de personas que están recogidos en el Anteproyecto de Ley. Para los profesionales supone un reconocimiento de las capacidades en el desarrollo de las tareas, supone la revalorización en un mercado laboral cada vez más competitivo, supone una garantía en la actualización y puesta al día de sus conocimientos y favorece la movilidad. Para las empresas y los ciudadanos minimiza los riesgos, reduce tiempos y costes y aumenta la confianza de los consumidores finales
Ricardo Rodríguez pone de manifiesto que la certificación de personas persigue aportar confianza en la competencia de un profesional para realizar determinadas actividades, entendiendo por "competencia" al conjunto de conocimientos, experiencia profesional y habilidades requeridas y demostradas para el desarrollo eficaz de las tareas encomendadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario